Nos espían, ¿quién nos protege?

En los últimos meses una de las principales noticias en los medios de comunicación ha sido el espionaje  por parte del gobierno de EE. UU. a través de su Agencia Nacional de Seguridad (National Security Agency o NSA). Todo comienza cuando el ex técnico de la CIA Edward Snowden relevó a los medios de comunicación información sobre el espionaje masivo realizado por el gobierno de EE.UU., dicho espionaje se realizó principalmente mediante la intercepción de llamadas telefónicas y obtención de datos personales almacenados en redes sociales (Facebook, Twitter, etc) y  otras páginas web (Google, Microsfot, Yahoo, Youtube, etc), de esta forma se obtuvo grandes cantidades de información  de distintos gobiernos, organizaciones y personas.

Snowden señaló que entre los objetivos de EE.UU. estaban sus propios aliados, incluidos sus ciudadanos. EE.UU. siempre ha justificado su actuación alegando la seguridad nacional y  la  lucha contra el terrorismo, pero según información del ex agente de la CIA el espionaje tenía otras finalidades, entre ellas de carácter político, ello explicaría la intercepción del móvil de la canciller Ángela Merkel como se acaba de hacer público recientemente.

Según información de los medios de comunicación la NSA habría interceptado aproximadamente 100 millones de conversaciones en Alemania,  70 millones en Francia, 46 millones en Italia y 60 millones en España. Entre esas intercepción  y recogida de datos se encontraba la de ciudadanos que no habían cometido ningún tipo de delito ni estaban asociados a ningún grupo terrorista, simplemente por utilizar una palabra clave en sus comunicaciones o búsquedas fueron objeto de vulneración de su derecho al secreto de las comunicaciones, a la protección de datos personales y la intimidad  recogidos en el  artículo 18 de la Constitución.

En la comparecencia ante el pleno del Congreso el presidente Mariano Rajoy señaló respecto al tema del espionaje que se dio “traslado al señor embajador de los EE.UU  la inquietud del gobierno de España por las informaciones que apuntan a algunos actos que de ser ciertos resultarían  inapropiados e inaceptables entre socios y amigos”. ¿Es reprochable que la postura del gobierno español haya sido tan sosegada ante el conocimiento de la red de espionaje realizado por la NSA a ciudadanos españoles? Extraña que en la respuesta del gobierno español no se manifestara un mayor malestar como así lo hicieron otros líderes europeos como es el caso de la canciller Angela Merkel y el primer ministro François Hollande que se comunicaron directamente con el presidente Barack Obama manifestándole su indignación.

Esa falta de contundencia del gobierno sobre el espionaje provoca la sensación de que no se le está dando la importancia que realmente tiene el tema. Muchos ciudadanos españoles han visto vulnerados sus derechos reconocidos en la Constitución, siendo las conductas realizadas por los miembros de la NSA constitutivas del delito del artículo 197 del Código Penal por vulneración del secreto de las comunicaciones y la intimidad. Los ciudadanos debemos de tomar mayor consciencia de que ni siquiera los servicios de inteligencia pueden apoderarse de nuestros datos personales sin seguir el procedimiento legalmente establecido, ya que constituye igualmente un ilícito penal.

En el caso del espionaje de EE.UU. resultaría más indignante si es cierto lo manifestado por el director de la NSA de que  no recogieron la información de los ciudadanos europeos, sino que fueron entregados a la NSA por sus propios aliados europeos. De ser cierto que el propio gobierno español, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha intervenido llamadas telefónicas y obtenido datos personales de sus ciudadanos tendría que investigarse si las intervenciones se realizaron conforme a la legalidad, es decir con autorización judicial como lo exige la Constitución, y de no ser el caso que se asuman las correspondientes responsabilidades por constituir un ilícito.

Debido al poco interés que parece manifestar el gobierno español, veremos si la Unión Europea, a través de sus instituciones (la Comisión Europea o el Parlamento Europeo),  adopta las medidas adecuadas para que dicho atropello, a los derechos de los ciudadanos europeos, no vuelva a producirse y se exijan las correspondientes responsabilidades.

En todo caso, si las autoridades demuestran una falta de intereses por proteger la intimidad de sus ciudadanos, nos corresponderá a nosotros manifestar nuestra indignación y exigir que se adopten las medidas necesarias para que no se vuelva a producir un atropello a nuestra intimidad  y al secreto de nuestras comunicaciones.

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